- Comercializadoras SVR, Milenio y Gvicoa, así como María Esther Barrios Cabrera, fueron sancionadas por irregularidades en contratos públicos; no podrán hacer negocios con dependencias por hasta 15 meses.
Ciudad de México, 20 de febrero de 2026. — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, publicó este lunes una serie de circulares en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que sacuden el ámbito de las contrataciones públicas. Se trata de la inhabilitación de cuatro empresas y una persona física para que no puedan celebrar contratos con el gobierno federal, estatal o municipal.
Las sanciones, que van de 1 año a 1 año y 3 meses, fueron impuestas tras concluir procedimientos administrativos en los que se determinó que las empresas y la particular incurrieron en faltas que vulneran la ley. La medida implica que ninguna dependencia de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR), gobiernos estatales o municipios, pueden aceptar propuestas o firmar contratos con los infractores.
Las empresas y la persona sancionada son:
- Comercializadora SVR, S.A. de C.V.: Inhabilitada por 1 año.
- Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.: Inhabilitada por 1 año y 3 meses.
- Gvicoa, S.A. de C.V.: Inhabilitada por 1 año y 3 meses.
- C. María Esther Barrios Cabrera: Inhabilitada por 1 año.
¿Por qué las sancionaron?
De acuerdo con las resoluciones, contenidas en los expedientes PISI-A-NC-DS-0030/2024, PISI-A-NC-DS-0033/2024, PISI-A-NC-DS-0038/2024 y PISI-A-NC-DS-0032/2024, las sanciones se imponen luego de que las autoridades concluyeran que estas empresas y la persona física incurrieron en irregularidades graves en procesos de contratación pública. Como resultado, no podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos para la venta de bienes, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Además de la inhabilitación, se les impusieron multas económicas, cuyo monto no fue detallado en las circulares. Un punto clave es que la sanción no se levanta automáticamente al cumplirse el plazo: si las empresas o la persona no pagan la multa impuesta, la inhabilitación se extenderá hasta que realicen el pago correspondiente. Una vez saldada la deuda, podrán solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que se elimine su registro del portal de sancionados en ComprasMX.
¿A quiénes aplica la prohibición?
La circular está dirigida a un universo muy amplio de entes públicos:
- Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Empresas públicas del Estado.
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Gobiernos de los estados y sus municipios.
- Las alcaldías de la Ciudad de México.
Es importante señalar que los contratos que ya estaban formalizados con estas empresas antes de la fecha de la sanción no se verán afectados y podrán continuar su curso.
Con estas acciones, el gobierno federal busca reforzar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, mandando un mensaje claro de cero tolerancia a las malas prácticas en la contratación de bienes y servicios con el Estado
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