- La Auditoría Superior de la Federación publica un acuerdo histórico que endurece los requisitos para contratar obras y servicios, prohibiendo conflictos de interés y estableciendo sanciones más severas.
Ciudad de México, 23 de febrero de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó este viernes un nuevo y estricto reglamento para regular la contratación y ejecución de todas sus obras públicas y servicios relacionados. Se trata del «Acuerdo que establece las Normas Administrativas aplicables a las Obras Públicas», el cual entra en vigor de inmediato y busca garantizar que cada peso destinado a construcción, mantenimiento o estudios se ejerza con honestidad y eficiencia, estableciendo candados más fuertes contra el desvío de recursos y la corrupción.
¿Por qué es importante?
Este documento, firmado por el Auditor Superior, David Rogelio Colmenares Páramo, no solo actualiza las reglas que databan de 2010, sino que alinea los procesos internos de la ASF con los más altos principios constitucionales: eficiencia, transparencia y honradez. Ahora, todas las áreas de la Auditoría, así como los contratistas que deseen trabajar con ella, deberán cumplir con estos nuevos lineamientos.
Los puntos clave del nuevo acuerdo:
- Adiós a la opacidad: El acuerdo refuerza la licitación pública como la regla general para adjudicar contratos. Esto significa que, por defecto, los procesos serán abiertos para que todas las empresas interesadas puedan competir en igualdad de condiciones.
- Excepciones bajo la lupa: Aunque se permiten las adjudicaciones directas en casos muy específicos (como situaciones de emergencia o por razones de seguridad nacional), estas ahora requerirán una justificación mucho más rigurosa y el visto bueno de un Comité, evitando la discrecionalidad.
- Cero conflictos de interés: Se establece una lista detallada de impedimentos para contratar con la ASF. Quedan fuera empresas que tengan vínculos familiares o personales con servidores públicos de la ASF, así como aquellas que hayan sido sancionadas o inhabilitadas previamente.
- Protección al dinero público: Las nuevas reglas exigen garantías más sólidas a los contratistas, tanto para el correcto uso de los anticipos como para el cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos. Además, se crea un «Registro Único de Contratistas» para dar seguimiento a su historial de cumplimiento.
- Obras bajo vigilancia: La ASF supervisará los trabajos a través de residencias de obra, y si se detectan irregularidades, se podrán aplicar penas convencionales, retener pagos e incluso rescindir los contratos. Si la obra queda mal, el contratista deberá responder con una fianza de vicios ocultos por 12 meses.
- Derechos de los contratistas (y obligaciones): El documento también protege a los contratistas cumplidos, estableciendo plazos máximos para que la ASF realice pagos y procedimientos claros para ajustar costos en caso de inflación o situaciones imprevistas.
¿Qué viene después?
El acuerdo ya es una realidad, pero la ASF tiene un plazo de 60 días para actualizar sus reglas de operación internas, afinando aún más los detalles de cómo se aplicarán estas nuevas normas. Con esta medida, la ASF se pone a la vanguardia en materia de contrataciones públicas, marcando un precedente importante para el resto del gobierno federal.
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