La Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, liderada por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, celebró su octava reunión de trabajo para analizar tres puntos de acuerdo enfocados en la protección de los derechos humanos y la atención integral a la población migrante en la región.
En una sesión determinante para la región más dinámica del país, la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur desahogó su octava reunión de trabajo. El encuentro, presidido por la senadora María del Rocío Corona Nakamura, tuvo como eje central el análisis de tres puntos de acuerdo destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas en contexto de movilidad y fortalecer las políticas migratorias con enfoque humanitario.
El primer punto de acuerdo presentado busca exhortar a los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo a implementar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), programas que fomenten actividades físicas y deportivas en diversos espacios de acogida. La iniciativa contempla su aplicación en albergues, refugios, centros de asistencia social, estaciones migratorias y estancias provisionales, con especial énfasis en grupos de atención prioritaria, comunidades vulnerables y poblaciones en situación de exclusión, discriminación, marginación o desplazamiento.
En materia de transparencia y derechos humanos, el segundo punto de acuerdo propone solicitar a los titulares de los poderes ejecutivos de estas cuatro entidades la entrega de un informe detallado. Dicho documento deberá dar cuenta de los avances en la implementación de la nueva política migratoria y el modelo humanitario de movilidad, con el objetivo de garantizar de manera integral los derechos de las personas migrantes en tránsito y de los refugiados en territorio nacional.
Finalmente, el tercer punto de la jornada se centra en el derecho a la salud. La Comisión plantea solicitar a los titulares de las Secretarías de Salud de los estados de la Frontera Sur un informe pormenorizado sobre los progresos en la implementación de la nueva política sanitaria. El objetivo es asegurar que se brinde atención médica integral a las personas en situación de movilidad humana, reconociendo la vulnerabilidad de esta población durante su tránsito por el país.
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