Ciudad de México – En una decisión histórica que impacta la seguridad de millones de usuarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de las penas agravadas para el robo con violencia y el robo en transporte público en el Estado de México.
Durante su sesión, el Pleno de la Corte determinó que imponer sanciones más severas en estos delitos no violenta la Constitución. Los ministros argumentaron que estas conductas no solo dañan el patrimonio de las víctimas, sino que generan un entorno de violencia, causan un grave impacto psicológico y fomentan la inseguridad en un servicio público esencial.
¿Cuáles son las nuevas penas vigentes?
El máximo tribunal validó las sanciones establecidas en el Código Penal del Estado de México, confirmando la proporcionalidad de las penas según la gravedad del delito:
- Robo simple: De 6 meses a 2 años de prisión, cuando el valor de lo robado no supere las 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- Robo con violencia: La pena establecida es de 8 a 12 años de prisión.
- Robo en transporte público: En el momento en que ocurrieron los hechos analizados, la pena era de 9 a 15 años. Sin embargo, la Corte aclaró que actualmente, el código penal local contempla para este delito una sanción que va de 12 a 18 años de prisión.
¿Por qué la Corte los considera válidos?
La SCJN explicó que estas agravantes son proporcionales porque buscan sancionar la mayor gravedad del delito y las condiciones específicas en que se comete. Al afectar distintos bienes jurídicos —no solo el patrimonio, sino la paz y la seguridad pública— y ser un fenómeno delictivo de alta incidencia, el Estado tiene la facultad de endurecer las penas para proteger a la ciudadanía y combatir el impacto negativo en la economía estatal.
Esta resolución, derivada del Amparo Directo en Revisión 2877/2025, envía un mensaje claro contra la impunidad en uno de los delitos que más afectan a la población mexiquense.
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