- México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas: lo acusa de omitir avances y basarse en gobiernos anteriores
El gobierno mexicano, a través de un comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazó este 2 de abril de 2026 el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED). La razón: el documento ignora los avances legislativos e institucionales logrados desde 2019, especialmente a partir de 2025, y se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El gobierno de México calificó el informe del Comité como «tendencioso, parcial y sesgado», y lamentó que el organismo haya rechazado estudiar la información actualizada que el Estado mexicano entregó el pasado 27 de marzo antes de publicar su resolución.
El procedimiento de la ONU «no corresponde» a la realidad actual de México
Según el comunicado oficial, el procedimiento de la Convención contra las Desapariciones Forzadas fue diseñado para casos donde estos crímenes son cometidos «de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado» y donde las autoridades se niegan a actuar. El gobierno mexicano sostiene que ese marco no refleja la realidad del México actual, que ha emprendido una «transformación estructural» en la materia.
El propio Comité reconoce, en los párrafos 117 y 118 de su decisión, que no existen indicios fundados de una política federal actual para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión.
El gobierno acusa falta de rigor jurídico y conflicto de interés
México señaló que el informe del CED carece de rigor jurídico y que sus premisas son «ligeras». En particular, criticó la interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma y advirtió que al menos uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano, lo que representa un conflicto de interés.
«El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas»
El comunicado enfatiza que la actual administración no tolera ni ordena desapariciones forzadas. Como muestra de los avances omitidos por la ONU, el gobierno enumeró las reformas aprobadas en julio de 2025, entre ellas:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
El gobierno reiteró que está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual, y reafirmó su «compromiso absoluto» con la erradicación de las desapariciones forzadas.
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