Ciudad de México – En una histórica sesión celebrada este miércoles, el Senado de la República dio luz verde a una reforma constitucional que busca poner un alto a las pensiones excesivas en el sector público. Con 116 votos a favor en lo general y 109 votos a favor y seis abstenciones en lo particular, la Cámara Alta aprobó modificaciones al artículo 127 de la Constitución, enviando el proyecto a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación.
¿En qué consiste la reforma?
La nueva disposición establece que ningún funcionario público de organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, sociedades nacionales de crédito o fideicomisos públicos podrá recibir una pensión superior a la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Esta medida aplica tanto a nivel federal como estatal y municipal, abarcando a los trabajadores de:
- Empresas de participación estatal mayoritaria.
- Fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales.
- Organismos descentralizados y empresas de participación municipal.
¿Quiénes quedan excluidos?
La reforma contempla excepciones importantes para no afectar derechos de ciertos sectores:
- Fuerzas Armadas: Quedan excluidas de este límite.
- Ahorro voluntario: Las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a las AFORE.
- Aportaciones sindicales: Las constituidas con fondos sindicales en sistemas complementarios.
- Pensión no contributiva: La pensión universal para adultos mayores no se ve afectada.
Ajustes a pensiones actuales y vigentes
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es su carácter retroactivo en cuanto a montos. La disposición transitoria ordena que todas las jubilaciones y pensiones vigentes que excedan el nuevo límite deberán ajustarse a la nueva norma. Sin embargo, los legisladores aseguraron que no se pedirá la devolución de dinero ya cobrado, protegiendo derechos adquiridos con base en el artículo 14 constitucional.
Posturas en el Pleno
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la medida argumentando que «pone en orden el sistema de jubilaciones financiadas con el erario y evita cargas presupuestarias insostenibles». Aseguró que la reforma no elimina pensiones, solo las racionaliza.
Por su parte, la oposición, aunque votó mayoritariamente a favor, expresó reservas. La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) cuestionó que la base sea el salario de la presidenta en lugar de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y reclamó la exclusión de los ministros de la Suprema Corte. Alejandra Barrales (MC) celebró el ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales, pero mostró su preocupación por la retroactividad de la medida.
Próximos pasos
Con el aval del Senado, la minuta ha sido turnada a la Cámara de Diputados, donde se espera su discusión en los próximos días. De ser aprobada en los mismos términos, pasará al Ejecutivo para su promulgación.
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