Ciudad de México. En una sesión clave realizada este 26 de marzo de 2026, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia electoral. Con 87 votos a favor y 41 en contra, la Cámara alta logró la mayoría calificada necesaria para avalar esta reforma constitucional, conocida como “Plan B”, que ahora será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión del dictamen, el Pleno aceptó una reserva clave presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, que suprime los cambios al artículo 35 relacionados con la revocación de mandato. Con esta modificación, la figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución. La legisladora justificó la propuesta argumentando que mezclar la revocación de mandato con los procesos electorales ordinarios “corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Además de esta reserva, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano presentaron otras propuestas para modificar el dictamen, pero ninguna fue aceptada por el Pleno. De esta manera, los artículos 115, 116 y 134 fueron avalados con 87 votos a favor y 41 en contra en su texto original.
Puntos clave de la reforma
Entre los cambios constitucionales más relevantes se establece que los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías. En materia local, se fija que el presupuesto de las legislaturas de los estados no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.
En cuanto a las autoridades electorales, el dictamen precisa que ningún consejero, magistrado o titular de órganos administrativos del INE, organismos públicos locales electorales y tribunales electorales podrá tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.
El proyecto también contempla un ajuste progresivo en el presupuesto del Senado, el cual deberá reducirse de manera acumulada en un 15 por ciento durante los próximos cuatro ejercicios fiscales.
Posturas encontradas en el debate
La discusión reflejó la división en el Pleno. La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, defendió la reforma al afirmar que la revocación de mandato “no es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder”.
En contraposición, la panista Verónica Rodríguez Hernández acusó que la iniciativa busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales. Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que el objetivo no es la autoridad, sino “el control”, sugiriendo un uso faccioso de los recursos públicos.
El emecista Clemente Castañeda Hoeflich justificó el rechazo de su bancada al señalar que el dictamen “pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante” y que desnaturaliza la revocación de mandato.
Mientras tanto, el senador del PVEM, Waldo Fernández González, defendió la iniciativa argumentando que establece límites razonables y evita mecanismos de control político. Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, reiteró el respaldo de su grupo a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó clara su postura en contra de los cambios al artículo 35.
Finalmente, la Mesa Directiva informó que varios senadores del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares, pero no se les dio trámite al no cumplir con la presentación de un texto alternativo al dictamen.
El proyecto de reforma constitucional en materia electoral será ahora discutido en la Cámara de Diputados, donde se definirá su destino final.
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