Jerusalén – En una decisión que marca un antes y después en la legislación de ocupación, el Parlamento de Israel (la Knéset) aprobó este lunes 30 de marzo de 2026 una controvertida ley que establece la pena de muerte para los palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes.
La normativa, impulsada por el ala de la extrema derecha del gobierno, fue promovida principalmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y cuenta con el respaldo del primer ministro, Benjamín Netanyahu. La medida no solo aplica dentro del territorio israelí, sino que tendrá efecto de manera directa en la ocupada Cisjordania, donde miles de palestinos viven bajo jurisdicción militar israelí.
Los impulsores de la iniciativa justifican la medida como un endurecimiento necesario contra lo que califican como «terrorismo». Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han denunciado que la ley institucionaliza un sistema de justicia dual en el territorio ocupado, argumentando que los colonos israelíes condenados por delitos contra palestinos no enfrentan una sanción equivalente.
La aprobación de esta legislación representa un giro radical en la política penal israelí, que hasta ahora mantenía una moratoria de facto contra la aplicación de la pena capital, exceptuando el caso excepcional del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.
Con esta nueva ley, los tribunales militares en Cisjordania quedan facultados para dictar sentencias de muerte contra detenidos palestinos, lo que eleva la tensión en la región y complica aún más el panorama político en medio de la creciente presión internacional.
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