Ciudad de México. La diputada federal Maribel Martínez Ruiz (PT) presentó una iniciativa para castigar de forma contundente la violencia sexual cometida contra usuarios del transporte público y de servicios contratados por aplicaciones como Uber, Didi o Cabify.
La propuesta, enviada a comisiones del Congreso, plantea modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el Código Penal Federal para establecer que los conductores que cometan actos de acoso, hostigamiento, abuso o cualquier forma de violencia sexual durante el servicio, enfrentarán la cancelación definitiva de su licencia y la inhabilitación permanente para prestar servicios de transporte.
Sanciones más severas si la víctima es menor de edad
La iniciativa detalla que, si la víctima es una niña o adolescente, las sanciones administrativas se aplicarán “con el máximo rigor”, priorizando el interés superior de la infancia.
En el ámbito penal, se propone aumentar hasta en una mitad las penas por abuso sexual o violación cuando el delito sea cometido por un conductor de transporte público o por aplicación. Además, el agresor quedará inhabilitado de por vida para volver a trabajar en el sector.
Obligaciones para plataformas como Uber y Didi
La reforma también impone nuevas responsabilidades a empresas y concesionarios:
- Brindar auxilio inmediato a la víctima.
- Contar con protocolos de emergencia y denuncia.
- Suspender al conductor denunciado de inmediato mientras duren las investigaciones.
- Implementar capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en multas, suspensión temporal o definitiva de la concesión, e incluso la cancelación del registro para operar.
Violencia en números
La diputada del PT respaldó su propuesta con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública: en 2025 se reportaron más de 61 mil 713 delitos sexuales en México, de los cuales casi 8 mil 704 fueron casos de acoso sexual. Sin embargo, advirtió que existe un alto subregistro por la desconfianza en las autoridades y la estigmatización de las víctimas.
Además, citó estudios del organismo GIZ en coordinación con la entonces Inmujeres (hoy Secretaría de las Mujeres), los cuales revelan que en la Zona Metropolitana del Valle de México, más del 60% de las mujeres han sufrido acoso o violencia sexual en el transporte público, lo que ha llevado a muchas a modificar sus rutinas y crear redes de transporte exclusivas para mujeres como medida de autoprotección.
“La violencia sexual en el transporte no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta el ejercicio del derecho humano a la movilidad y limita la participación plena de las mujeres en la vida económica, social y educativa del país”, señala el documento.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Movilidad y de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.
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